Artículo 1. Objeto de la Ley

Deléguese en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de sesenta (60) días calendario en materia tributaria y financiera, de gestión económica y competitividad, de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado, en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

Artículo 2. Materia de la delegación de facultades legislativas

En el marco de la delegación de facultades a la que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, el Poder Ejecutivo está facultado para:

1) Legislar en materia tributaria y financiera, a fin de:

1. Modificar la Ley del Impuesto a la Renta con la finalidad de fomentar la inversión, otorgar seguridad jurídica, reducir la evasión y elusión tributaria, ampliar la base tributaria, simplificar el sistema tributario, mejorar la progresividad del sistema tributario, eliminar posibilidades de arbitraje, fomentar el uso de comprobantes de pago y perfeccionar la normativa referente a los regímenes tributarios simplificados.
2. Modificar la legislación en materia tributaria y financiera a fin de promover la inversión, ampliar la cobertura previsional e incentivar que los recursos de los fondos de pensiones que fueron retirados por los pensionistas al amparo de la Ley N° 30425 sean destinados a cubrir una pensión.
3. Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo con la finalidad de perfeccionar su regulación, estructura y administración.
4. Perfeccionar el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central — SPOT como mecanismo de control tributario a fin de asegurar el uso adecuado del fondo de detracciones y optimizar la operatividad del Sistema.
5. Modificar la legislación nacional a fin de promover el uso generalizado de comprobantes de pago electrónicos y simplificar las obligaciones de los contribuyentes, incluyendo aquella relacionada con certificados digitales.
6. Modificar el Código Tributario a fin de contar con procedimientos tributarios más eficientes, adecuar la normativa a los sistemas electrónicos empleados por los contribuyentes para la emisión de comprobantes de pago y llevado de libros y/o registros; como medidas para asegurar el cobro de la deuda tributaria.
7. Establecer los mecanismos que permitan al Tribunal Fiscal y a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT fortalecer y optimizar su gestión, así como su marco normativo que coadyuven a garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones y brindar un mejor servicio. Asimismo, establecer normas que coadyuven a fortalecer las procuradurías a cargo de la defensa de los procesos judiciales en materia tributaria y aduanera, las Salas y fiscalías en delitos tributarios y aduaneros.
8. Perfeccionar y simplificar la regulación y demás aspectos referentes a la cobertura y acceso a los regímenes especiales de devolución del Impuesto General a las Ventas orientados a promover y agilizar la inversión en el país, a fin de brindar mayor celeridad y eficiencia para su acogimiento.
9. Racionalizar los beneficios tributarios existentes, prorrogando o eliminando las exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios vigentes sujetos a plazo, previa valuación de la necesidad de su permanencia; así como implementar mecanismos alternativos a estos, sin que ello incluya los de carácter geográfico regional.
10. Perfeccionar la Ley Penal Tributaria y la Ley de Delitos Aduaneros a fin de optimizar los procesos judiciales, adecuándolas a la nueva normativa procesal, e incorporación de figuras punitivas que eviten el pago de tributos.
11. Perfeccionar las reglas relativas a los contratos de estabilidad tributaria previstos en la Ley General de Minería a fin de generar certeza respecto de las condiciones y beneficios que brindan tales contratos.
12. Adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones de la OCDE y a las mejores prácticas internacionales para combatir la evasión y elusión tributaria, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; garantizar la asistencia administrativa mutua con fines fiscales; evitar la doble imposición internacional; y, el tratamiento del secreto bancario, respetando los derechos y principios previstos en la Constitución Política. Asimismo, implementar mecanismos de transparencia sobre los beneficiarios finales y regular la extinción de sociedades inactivas, para prevenir y combatir el fraude tributario y los delitos económicos.

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